Nuevas exoneraciones y ajustes tributarios en debate: análisis técnico desde la contabilidad

Fuente: Diario Gestión

En la última legislatura del periodo 2021-2026, la Comisión de Economía del Congreso ha dejado 16 iniciativas listas para discutirse en el Pleno. Estas propuestas incluyen la creación de nuevas zonas francas (Loreto y Oxapampa), la exoneración del IGV a la importación de embriones ganaderos, la implementación de beneficios tributarios para mypes cumplidas mediante el programa “Crecer Formales” y el incremento del porcentaje de renta de Aduanas que reciben determinadas regiones y municipalidades.

En términos generales, se trata de medidas orientadas a dinamizar economías regionales, incentivar sectores productivos y premiar el cumplimiento tributario. Sin embargo, desde una perspectiva contable y fiscal, estas iniciativas deben evaluarse dentro del marco del gasto tributario y su impacto en la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Contexto fiscal: presión tributaria y sostenibilidad

El Ministerio de Economía y Finanzas ha estimado que las exoneraciones y beneficios tributarios vigentes ya equivalen aproximadamente al 2% del PBI. Este dato no es menor. Significa que el Estado deja de recaudar una porción relevante de ingresos como resultado de decisiones normativas previas.

En un país con:

• Presión tributaria estructuralmente baja.
• Altos niveles de informalidad.
• Déficit fiscal recurrente.
• Necesidades crecientes de inversión pública.

La ampliación de exoneraciones debe analizarse bajo criterios de eficiencia económica, equidad tributaria y sostenibilidad fiscal.

Análisis técnico de las principales propuestas

1. Zonas francas: incentivo regional o erosión de base imponible

Las zonas francas suelen contemplar exoneraciones del IGV, del Impuesto a la Renta y beneficios arancelarios. Desde el punto de vista contable, esto implica una reducción de la base imponible nacional y, por tanto, una menor recaudación efectiva.

El objetivo declarado es atraer inversión y generar empleo. No obstante, la evidencia comparada muestra que, en algunos casos, estos regímenes especiales no crean nueva actividad económica, sino que trasladan operaciones hacia territorios con menor carga tributaria, generando competencia fiscal interna.

2. Exoneración del IGV: ruptura de la neutralidad

El IGV está diseñado bajo el principio de neutralidad y crédito fiscal. Al exonerar operaciones específicas —como la importación de embriones ganaderos— se altera la cadena del impuesto, se generan distorsiones en el crédito fiscal y se complica la administración tributaria.

Aunque el fin productivo pueda ser legítimo, el IGV no suele ser el instrumento más eficiente para políticas sectoriales.

3. Programa “Crecer Formales”: incentivo al cumplimiento

La propuesta de otorgar descuentos o deducciones tributarias a mypes con buen récord de cumplimiento introduce una discusión interesante. Desde una perspectiva de política pública, podría incentivar formalidad. Sin embargo, desde la teoría tributaria, el cumplimiento es una obligación, no un mérito excepcional.

Además, la falta de precisión respecto a qué tributos se verían afectados y cuál sería el impacto fiscal proyectado genera incertidumbre normativa.

4. Redistribución de renta de Aduanas

Elevar el porcentaje de renta de Aduanas para gobiernos subnacionales implica modificar la estructura de ingresos del Tesoro Público. Si bien fortalece las finanzas regionales, también puede afectar el equilibrio fiscal del Gobierno Central.

La interrogante técnica es si la mayor asignación se traducirá en mejor ejecución presupuestal y desarrollo efectivo, o si simplemente incrementará el gasto sin mejoras en eficiencia.

Marco legal y principios constitucionales

Las modificaciones propuestas podrían impactar normas como la Ley del IGV, la Ley del Impuesto a la Renta y la normativa de zonas francas.

Todo cambio tributario debe respetar principios constitucionales como:

• Legalidad.
• Igualdad.
• Capacidad contributiva.
• Razonabilidad.
• Seguridad jurídica.

La ausencia de análisis costo-beneficio detallado podría debilitar el principio de razonabilidad normativa.

Comentarios finales

Como gerente contable, considero que el debate no debe centrarse en rechazar o aprobar incentivos tributarios de manera automática, sino en analizar rigurosamente su diseño técnico y su impacto fiscal. Es cierto que determinadas regiones requieren estímulos para cerrar brechas estructurales, que las mypes necesitan herramientas para formalizarse y que algunos sectores estratégicos pueden beneficiarse de incentivos temporales. Negar esa realidad sería desconocer la diversidad económica del país.

Sin embargo, también es evidente que la proliferación de exoneraciones sin un sustento técnico integral puede debilitar la sostenibilidad fiscal. Cada beneficio tributario constituye, en esencia, un gasto público indirecto. Si no se cuantifica adecuadamente su costo ni se mide su retorno económico, el sistema tributario pierde coherencia, previsibilidad y equidad.

Por ello, considero que cualquier incentivo debería cumplir al menos cuatro condiciones: ser temporal, contar con estimación previa del gasto tributario, incorporar mecanismos obligatorios de evaluación ex post y establecer cláusulas de caducidad que permitan su revisión automática. Asimismo, antes de ampliar beneficios, el país debería priorizar la ampliación de la base tributaria, la simplificación del sistema y la reducción de la informalidad.

En síntesis, los incentivos pueden ser herramientas válidas de política económica, pero no deben convertirse en excepciones permanentes que fragmenten el sistema. La estabilidad normativa y la sostenibilidad fiscal son pilares fundamentales para la inversión y el crecimiento de largo plazo.

Desde mi experiencia profesional, considero que el desafío no es otorgar más beneficios, sino diseñar un sistema tributario amplio, neutral y técnicamente consistente, donde cada medida responda a criterios de eficiencia, equidad y responsabilidad intergeneracional.